OPINIONES: Un decreto y dos lecturas

El affaire del decreto 30-25 es revelador y aleccionador, dependiendo de si lo vemos desde el morbo o la crítica, o sacamos conclusiones a futuro. Lo de gravar servicios que ofrecen plataformas digitales que por demás no están exentos es una vieja aspiración de la administración tributaria.

En la pertinencia está el debate. En si luego de la resaca post reforma, era prudente en términos políticos apretar sobre un sector particular; o lo que es lo mismo, golpear una clase media que se asume como blanco de todas las ofensivas tributarias y que se auto percibe víctima de un Estado (que no gobierno) que sólo busca esquilmarla para sostener a una gran masa clientelar a costa de subsidios, bonos, ayudas, etc.; o peor aun mantener el crecimiento y expansión de una reducida clase alta a costa de privilegios y exenciones.

Lo dicho: que la clase media se siente acorralada, y, lejos de aflojar la tuerca, el gobierno procura apretarla más. En un país donde “la clase trabajadora no tiene trabajo, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase” (¿broma marxista?).

En esa lógica, resulta inexplicable que el gobierno no advierta que estos aprestos impositivos no compensan en términos económicos el impacto político que tendría en la base de sustentación electoral del proyecto PRM post 2028.

¿O acaso los recursos que se podrían haber obtenido (RD$6,085 millones?) aplicando el decreto 30-25 (derogado) compensaban el malestar generado en una clase media que se siente acosada? Los números no mienten, los sesgos cognitivos si.

Más allá de disquisiciones políticas, la lectura alterna es a nivel de Estado y obliga a reflexiones geopolíticas. En los hechos, el decreto fue firmado el 17 de enero, tres días antes de la juramentación de un Donald Trump que un mes después (21) firmó un memorándum destinado a sancionar con aranceles “a los gobiernos extranjeros que apliquen tasas digitales a las empresas estadounidenses”.

Desde el pragmatismo, la derogación fue correcta. Ahora bien, con un Trump que en 45 días de gestión ha volteado la mesa del tablero mundial descolocando a todos, lo preocupante fue el desfase gubernamental de 12 días entre el memorándum del republicano (“Defendiendo a las empresas y a los innovadores estadounidenses de la extorsión extranjera y de multas y sanciones injustas”) y el decreto 30-25; o lo que es verdaderamente preocupante: que el memorándum pasó por debajo del radar del gobierno, mientras este mantenía en vigencia un decreto que chocaba frontalmente con una política imperial que deja poco margen de dudas en torno a lo que es capaz.

La sensatez se impuso, pero el gobierno debe mantener la observación y la vigilancia. Tras bastidores debería operar una “fuerza de tarea” interministerial que día a día de seguimiento a los malabarismos trumpeanos, y que le permita reaccionar preventivamente… y a tiempo, pues toca correr delante de la pelota.